El gobierno de Bernardo Arévalo ha reforzado los controles regulatorios en al menos tres áreas: fiscal, laboral y medioambiental.
En lo ambiental, las nuevas autoridades llegaron con planes concretos para endurecer los criterios en pro del medio ambiente. Por ejemplo, apenas tres meses después de la toma de posesión en 2024, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) decidió no prorrogar la licencia de explotación petrolera de Perenco. Además, promovió una moratoria minera de dos años para actualizar la normativa relacionada con la actividad extractiva Este tema se discute actualmente en el Congreso, ya que debe ser aprobada por esa instancia para poder aplicarse.
Desde su llegada, también entró en vigor el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes y han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar una Ley de aguas.
Estas iniciativas han sido reforzadas con un aumento de la fiscalización ambiental. De acuerdo con los datos del Informe institucional del MARN, durante 2024 se realizaron 283 inspecciones que tuvieron los siguientes resultados:
- 5 licencias ambientales suspendidas.
- 458 procesos legales iniciados contra quienes operaban sin licencia ambiental.
- 82 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público (MP).
- Q3.5 millones en multas relacionadas con el incumplimiento de compromisos ambientales.
Por ello, hemos preparado esta guía para que usted y su equipo estén preparados ante una posible visita de las autoridades o de una fiscalización.
¿Qué autoridades pueden visitarle?
Aunque el MARN es la principal entidad encargada de regular, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental en el país, la realidad es que hay otras instituciones que podrían visitarle para solicitar información. Estas incluyen:
- Municipalidades: tienen competencias en el manejo ambiental dentro de sus jurisdicciones, especialmente en disposición de desechos sólidos, ordenamiento territorial y tratamiento de aguas residuales.
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): verifica condiciones sanitarias, el manejo de desechos peligrosos y el tratamiento de aguas.
- División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil: colabora en la prevención y combate de delitos ambientales, administra registros de denuncias y coordina acciones con organismos nacionales e internacionales.
Dependiendo de la naturaleza de la actividad, otras entidades como el Instituto Nacional de Bosques (Inab) o el Ministerio de Energía y Minas (MEM), también podrían intervenir para asegurar que se cuenten con las licencias necesarias.
Mantenga la información ordenada y accesible
Un buen orden y control de la documentación que maneje su compañía facilitará el proceso en caso de recibir una inspección de cualquier tipo. En la parte medioambiental, los principales documentos que podrían requerir las autoridades son la Licencia ambiental y el Estudio de impacto ambiental (EIA)[1], aprobado por el MARN. Además, dependiendo del impacto que su negocio genere, deberá contar con medidas de mitigación que se hayan incluido en la resolución del MARN y de acuerdo con lo establecido en el Plan de gestión ambiental[2].
Si su negocio genera o administra aguas residuales que son vertidas a un río, un lago o al alcantarillado público, es obligatorio contar con un Estudio técnico de aguas residuales (ETAR)[3]. Esto será especialmente importante en el caso de actividades agrícolas, industriales u hospitalarias.
Por otro lado, si la actividad está relacionada con la gestión integral de residuos y desechos sólidos, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos[4].
El cumplimiento de toda la regulación que afecte a su negocio es esencial para evitar sanciones y garantizar la continuidad de las operaciones. Pero puede ocurrir que durante una inspección no encuentre un documento concreto o no cumpla con algunas de las normas exigidas. Si se da esa situación, es importante mantener la calma y, ante todo, colaborar con las autoridades y proporcionar la información disponible. El siguiente paso será presentar un plan de acción donde se comprometa a corregir cualquier incumplimiento.
Y, por último, y posiblemente más importante, nunca oculte información, ya que eso puede derivar en sanciones[5] más severas. Estas pueden ir desde advertencias o multas, hasta la paralización o demolición de un proyecto. Inclusive, podrán iniciarse procesos penales en los casos que se cometan delitos ambientales tipificados en el Código penal como contaminación de aguas, deforestación ilegal, caza y pesca ilegal o vertido de residuos peligrosos.
Por tanto, para reducir riesgos, es importante realizar auditorías periódicas para identificar y corregir incumplimientos, evaluar riesgos, aplicar medidas de mitigación y realizar capacitaciones constantes al personal sobre normativas y protocolos ambientales.
Recuerde que el cumplimiento ambiental no solo evita sanciones, también contribuye a la sostenibilidad y al desarrollo responsable de Guatemala.
Si tiene alguna duda o desea más información, estamos a las órdenes.
También puede consultar nuestras otras guías:
[1] Art. 8 Decreto 68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
[2]Art. 109, literal d), del Acuerdo Gubernativo 137-2016, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA).
[3] Art. 5 del Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas Residuales y Disposición de Lodos, establecido en el Acuerdo Gubernativo 236-2006.
[4] Acuerdo Gubernativo 164-2021
[5] Art. 31, Decreto 68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente