El 3 de noviembre de 2026, el Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Tras eso, el reglamento deberá emitirse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor, y el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), institución que debe ser creada, estar en funcionamiento en un plazo máximo de 18 meses.
La Ley recientemente aprobada reúne esfuerzos de varias iniciativas presentadas desde al menos 2009 para atender las necesidades que surgen de un proceso de transformación digital e innovación en Guatemala. En 2018, el Estado de Guatemala aprobó una Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética como uno de los primeros pasos para establecer objetivos en materia de ciberseguridad. La visión ha continuado, y en 2021, se creó el Comité Nacional de Seguridad Cibernética.
Es importante recordar que a lo largo de 2026, diferentes instituciones de Guatemala han sufrido ataques cibernéticos que vulneraron su seguridad para extraer información sensible de los usuarios. Eso afectó, entre otras, a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) del Ministerio de Defensa, la plataforma Tu Empleo del Ministerio de Trabajo (Mintrab), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Universidad Rafael Landívar (URL) y el Ministerio de Salud (MSPAS), entre otros.
Ante la creciente tendencia en incidentes cibernéticos, varios sectores impulsaron esta normativa como una prioridad en materia de seguridad y justicia, habilitando al Estado a colaborar con otros gobiernos para una pronta actuación y colaboración en la persecución de delitos.
La nueva Ley
La Ley tiene por objeto crear y desarrollar el marco institucional de la ciberseguridad, establecer un régimen sancionatorio de carácter administrativo, generar un marco jurídico penal y procesal penal en materia de ciberseguridad y promover la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas necesarias para el abordaje de la ciberseguridad a nivel nacional.
El ámbito de aplicación lo constituye todo el territorio nacional, el ciberespacio y demás ámbitos territoriales y extraterritoriales. En materia penal, tendrá efectos sobre toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que cometa un hecho tipificado como delito en el ciberespacio, siempre que la acción se origine, ordene o ejecute en Guatemala, produzca efectos en el territorio nacional, utilice medios ubicados en el país o exista cualquier tipo de participación desde territorio guatemalteco.
Los delitos regulados en la presente ley son de acción pública y se sancionan con prisión y multas, e incluyen: acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos informáticos, ataque a la integridad del sistema informático, falsificación informática, apropiación de identidad ajena, fraude informático, abuso de dispositivos, delitos de la propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos.
En materia de investigación, la Ley prevé un sistema de diligencias de investigación relacionadas con la evidencia digital, valoración de la prueba, diligencias de urgencia para el aseguramiento de datos, orden de acceso y envío de datos y aseguramiento digital como medida cautelar. Asimismo, contempla la preservación rápida de datos transfronterizos y la admisibilidad de pruebas digitales obtenidas en el extranjero.
En lo institucional, la Ley dispone crear un ente rector, el Comité Nacional de Seguridad Cibernética (Conciber), así como dependencias y equipos de respuesta que apoyen en los análisis técnicos y operativos relacionados. Además, el Ministerio Público (MP) deberá crear una Fiscalía Especializada y una Red de Asistencia Mutua como punto de contacto internacional. Otras entidades como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) también deberán adherirse a estos esfuerzos.
La Ley Marco de Ciberseguridad es un paso importante en los esfuerzos del Estado para responder ante el aumento de ciberdelitos a nivel mundial, convirtiéndose en un eje estratégico para atender la creciente demanda de servicios digitales y los desafíos y oportunidades que la tecnología trae consigo.
