En 2011 el Congreso de la República reguló el procedimiento para los delitos de menor riesgo[1]. Estos se refierena los que tienen una pena máxima de cinco años de prisión. El procedimiento para estos delitos menos graves es especial, pero, aun así, se aplican todas las normativas comunes (como el auto de procesamiento, las medidas sustitutivas, entre otros).

Actualmente existen varios delitos que, por la pena que se esperaría imponer, pueden ser tramitados en esta vía. Entre ellos encontramos:

1. Homicidio culposo
2. Lesiones culposas
3. Responsabilidad de conductores
4. Allanamiento de morada
5. Coacción
6. Amenazas
7. Estafa
8. Apropiación y retención indebidas
9. Entre otros.

Este procedimiento se realiza a través de audiencias orales, donde se puede llevar a cabo un juicio tradicional o se puede recurrir a otro tipo de procedimientos más versátiles como:

1. Procedimiento abreviado
2. Aceptación de cargos
3. Criterio de oportunidad
4. Suspensión condicional de la persecución penal

Adicional, este procedimiento busca que exista una reparación digna para el/los agraviado(s). Estas pueden incluir medidas como: una indemnización que busca compensar los perjuicios económicos producidos por el delito; una rehabilitación que puede ser a través de apoyos médicos y/o psicológicos para la víctima; y la satisfacción, que significa que se busca que a través de la justicia se reconozca la dignidad de las personas.

Tomando en cuenta la versatilidad del proceso y los tipos penales que pueden conocerse, este es un elemento importante que pueden utilizar las partes para buscar acuerdos. De manera que, a través de las vías de desjudicialización, y otras como la aceptación de cargos, se puedan resolver de manera práctica conflictos penales, en lugar de recurrir al procedimiento común, el cual podría tardar años.