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Conflictividad: riesgos y estrategias

¿Alguna vez se ha visto afectada su cadena de suministros por un bloqueo realizado por personas en las carreteras? ¿Se ha enfrentado a conflictos por el uso del agua, tierra o energía en algún lugar del país?

La conflictividad social se refiere a los desacuerdos que surgen entre dos o más grupos, ya sean empresas, comunidades, asociaciones, municipalidades u otros. En Guatemala, este es un fenómeno recurrente y costoso para las empresas, trabajadores, el estado y sus habitantes.

Un estudio elaborado por Acuerdos y Soluciones investigó el impacto económico de la conflictividad en Guatemala. Solo en el año 2018 sucedieron 139 bloqueos y se estimó que representaron Q156.7 millones (US$20.2 millones) en pérdidas para el sector de transporte.

Otro estudio realizado por el Central American Business Intelligence (CABI) Economics profundiza en los costos asociados a la conflictividad en el sector energético. Este elaboró estimaciones del impacto negativo sobre la industria, el sector privado en general, los hogares guatemaltecos y el gobierno. Su proyección optimista es que en el año 2024, la conflictividad generará un costo de Q2.4 millardos (US$309 millones).

Las comunidades pueden oponerse a la operación de diversas organizaciones por varios motivos. Estos incluyen, propiedad y uso de la tierra y recursos naturales; proyectos extractivos y energéticos; acceso al agua; oposición a la degradación ambiental; desacuerdos políticos; y disputas laborales, por nombrar algunos.

La conflictividad social es un problema complejo que conlleva una serie de riesgos. La buena noticia es que podemos ofrecerle recomendaciones para mitigarlos.

Los tipos de conflictividad

El estudio de Acuerdos y Soluciones establece tres categorías de acciones conflictivas: las acciones legales, las acciones ilegales no violentas y el uso o amenaza de violencia.

La primera abarca las acciones permitidas por la ley como las manifestaciones, protestas mediáticas, plantones y recursos judiciales. Las acciones ilegales no violentas incluyen la toma de instalaciones (sin dañarlas) y bloqueos de carreteras. Finalmente, el uso o amenaza de violencia contempla la destrucción de bienes públicos y/o privados, enfrentamientos con las autoridades y pobladores e incluso la invasión de tierras.

Recomendaciones

La conflictividad social se expresa de distintas maneras. Para abordarla, hemos preparado una serie de recomendaciones que podría implementar para evitarla o mitigarla.

 

1. Elaborar una política de relaciones comunitarias para abordar la conflictividad

Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Esta diversidad de valores, percepciones y formas de comunicarse inevitablemente generan conflictos.

Por ello, es indispensable identificar a los actores y grupos sociales locales que tendrán mayor interés e incidencia en sus operaciones y definir los acercamientos apropiados para cada uno. Esto es importante para identificar posibles áreas de conflictos y atenderlas antes de que estalle un problema.

No todas las comunidades tienen las mismas figuras de autoridad e intereses. Por ello, es indispensable mapear a las personas indicadas y dialogar con figuras como el alcalde, líderes ancestrales, autoridades religiosas, sindicatos y representantes de la asamblea local, por nombrar algunos. Asimismo, cada grupo tendrá distintas preocupaciones: ambientales, laborales, religiosos, entre otras, y es importante reconocerlas y abordarlas.

Lo fundamental es conocer a los actores dentro del territorio donde su organización tiene incidencia. Estos liderazgos tienen cada vez mayor educación profesional, así como exigencias más sofisticadas. Por ello, es vital escuchar a la comunidad, tener planes de acción definidos y actuar a tiempo.   

Al saber qué percepción tienen de su empresa, podrá tomar acciones para prever conflictos costosos y establecer un diálogo frecuente con las comunidades cercanas a sus operaciones. A lo mejor, encontrará una oportunidad de colaboración beneficiosa donde antes había riesgos de conflicto.

 

2. Contemplar los bloqueos de carreteras en sus contratos

Su operación puede verse afectada por conflictos ajenos. Esto sucederá especialmente cuando haya bloqueos, protestas y enfrentamientos entre distintos grupos que interrumpan su cadena logística y puede pasar en cualquier jurisdicción.

En febrero de 2023, la Cámara de Comercio guatemalteca denunció que los bloqueos en distintos puntos del país habían generado más de 200 horas de retraso acumuladas. Estos se dieron cuando las autoridades electorales le negaron la inscripción a un binomio presidencial, un conflicto ajeno a las empresas.

Dado que estos obstáculos son una realidad recurrente en Guatemala, una estrategia para mitigar su impacto es robustecer sus contratos para que contemplen estos escenarios en su cadena de suministros. De esta manera, los bloqueos no generarán disputas entre empresas, clientes y proveedores, y más bien tendrán un camino claro para ofrecer soluciones. Puede encontrar más detalles en esta publicación.

 

3. Cumplir con los procesos de consulta previa en comunidades indígenas

La Constitución reconoce la importancia de los pueblos indígenas y su cultura. De igual manera, establece que los convenios internacionales de derechos humanos que Guatemala ha ratificado tienen preeminencia sobre el derecho interno del país.  

Por ello, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales ha tomado relevancia. El acuerdo afirma el derecho de las comunidades indígenas de ser consultadas para planificar y llevar a cabo proyectos de gran magnitud como los energéticos y la industria extractiva.

Al ratificar el convenio, el Estado de Guatemala se comprometió a regular los procesos de consulta previa. Desafortunadamente, el Congreso y el ejecutivo no han desarrollado un procedimiento para llevarlos a cabo ni han delimitado a cuáles industrias aplica.

Como resultado, la Corte de Constitucionalidad ha elaborado procesos para los casos de minería y energía que han atendido[1]. Hemos identificado tres tipos de procedimientos que han utilizado:

  1. Casos en los que el concejo municipal determinó necesario realizar la consulta.
  2. Intervención del Gabinete de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad.
  3. Intervención del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

 

Un factor en común es que siempre es necesaria la intervención de una entidad estatal en los procesos de consulta, ya sea del ejecutivo o la municipalidad.

Por ello, si su organización requiere de un proceso de consulta previa, el primer paso es acercarse a una autoridad del organismo ejecutivo para que ayude con la mediación.

Es importante tomar en cuenta el derecho de consulta previa para evitar conflictos legales contra su organización. Es preferible evitar este escenario que arriesgarse a una posible suspensión judicial en el futuro.

Si tuviese alguna duda o requiere más información, estamos a la orden.

 

[1] Por ejemplo, la sentencia del 12 de enero de 2016, expedientes acumulados 5705-2013 y 5713-2013.

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