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Estado de Derecho: La relevancia de la elección del Contralor General de Cuentas

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La transparencia aumenta la credibilidad y la responsabilidad
 -Park Won-Soon

Retomamos nuestra serie de Estado de Derecho en Guatemala y el concepto de transparencia en el manejo del erario público. Como compartimos en nuestro boletín de agosto, la transparencia en el manejo de la hacienda pública es una obligación de los funcionarios del Estado; y es un derecho humano de los ciudadanos que les permite, por medio del acceso a la información pública, la fiscalización constante de los recursos del Estado.

En Guatemala, el ente rector de velar por la fiscalización de las finanzas públicas es la Contraloría General de Cuentas (CGC), encabezada por su Contralor General. Esta persona es electa por el Congreso de la República para ejercer el cargo por cuatro años. El próximo 13 de octubre de 2022, este funcionario será designado, dentro de una nómina de seis candidatos, propuesta por una Comisión de Postulación.

La CGC juega un rol clave dentro de la construcción de nuestro Estado de Derecho, debe cumplir con las responsabilidades que le atribuye la Constitución Política de la República de Guatemala y su Ley Orgánica.

La CGC es una institución técnica descentralizada, cuya función es fiscalizar los ingresos, egresos e intereses hacendarios de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del estado o que haga colectas públicas. La CGC es el auditor del estado.

El objetivo de la CGC es velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado que manejen fondos públicos, promover valores éticos y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos, así como, controlar y asegurar la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública.

Hoy, la elección del Contralor General cobra mayor relevancia porque en el 2023 Guatemala celebrará elecciones generales. La CGC juega un papel clave, ya que es la encargada de extender finiquitos a las personas que hayan cesado en el ejercicio de un cargo público, y aspiren a postularse en algún puesto de elección. Si un candidato no cuenta con este finiquito, no puede participar en la elección.  

¿Queremos que exista transparencia en el manejo del erario público?  ¿Queremos procesos que fortalezcan la rendición de cuentas, la democracia y el Estado de Derecho?  Prestemos atención y acompañemos el proceso de elección del Contralor General de Cuentas.   

¡Qué disfrute su café!

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LUIS MAZARIEGOS

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