El 14 de abril de 2026, el Congreso de la República de Guatemala, aprobó el decreto 10-2026 y emitió la Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil. Esto surge en cumplimiento con las obligaciones del Estado respecto a la protección del interés superior del niño (artículos 4 y 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia) y busca proteger a los menores de edad frente a relaciones desiguales de poder y cualquier tipo de violencia que atente contra su integridad y pueda afectar el desarrollo sexual y psicológico del menor.