En la actualidad, si preguntáramos a un número de grandes empresas y multinacionales con operaciones en Guatemala sobre si cuentan con un programa de cumplimiento corporativo, la respuesta mayoritaria sería sí. Pero la realidad es que tener una política anticorrupción en papel no es suficiente.
Es necesario que la política que busca instaurar controles para prevenir que se cometan fraudes o delitos a lo interno de una organización incorpore mecanismos que garanticen su aplicación y eficacia. De lo contrario, tanto la empresa como sus directivos quedarán expuestos a diversos riesgos, entre los que se incluyen potenciales responsabilidades penales.
Veamos un par de ejemplos donde la falta de aplicación de políticas anticorrupción robustas, o su incumplimiento interno, sirvieron como argumento jurídico en disputas que tuvieron un alto costo económico y reputacional para diferentes empresas.
En enero de 2018, un juez de Guatemala concluyó que existían pruebas suficientes para investigar por fraude fiscal y lavado de dinero a altos ejecutivos de una empresa comercializadora. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), se encontraban las políticas internas para la contratación de proveedores y las certificaciones Conozca a su cliente (know your client o KYC) de la propia organización.
El Ministerio Público presentó cargos penales contra la empresa argumentando que esta violó sus propias políticas internas contra la corrupción. Según el MP, la empresa hizo negocios con compañías fantasma que emitieron facturas falsas, lo que resultó en un fraude al fisco por Q1 millardo (aproximadamente US$129.5 millones).
Vayámonos ahora al 3 de diciembre de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) anunció el acuerdo con un consorcio de empresas comercializadoras de energía el pago de US$135 millones por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esto surgió después de una investigación que descubrió que la empresa sobornó a funcionarios en Brasil, Ecuador y México para la obtención indebida de contratos estatales.
Concretamente, las empresas acordaron con el DOJ mejorar sus programas de cumplimiento para garantizar sistemas eficaces de controles contables. Para ello, tuvieron que adoptar nuevos procesos internos y una rigurosa política anticorrupción que hacía referencia a aspectos como regalos, viajes de clientes, contribuciones políticas, donaciones benéficas y patrocinios, sobornos y extorsión, entre otros.
En el caso guatemalteco las autoridades utilizaron los programas de cumplimiento internos como evidencia en contra de la empresa, mientras que en Estados Unidos utilizaron esas políticas para llegar a un acuerdo con las autoridades y prevenir reincidencia en el futuro.
Como podemos observar, en ambos ejemplos los programas de cumplimiento jugaron un rol opuesto a lo esperado. En vez de mitigar riesgos para las empresas, su mal diseño e incorrecta implementación generaron costos económicos y un golpe importante a su reputación, lo que pudo resultar en una pérdida de confianza entre clientes, accionistas, colaboradores y autoridades regulatorias.
Recomendaciones de buenas prácticas
Para evitar escenarios como los que acabamos de ver es importante adoptar nuevas estrategias dentro de los programas de cumplimiento que faciliten su aplicación, mejoren su efectividad y cumplan su propósito de administrar y mitigar riesgos.
Si revisamos la Política de evaluación de los programas de cumplimiento de las empresas del DOJ, observamos que la idoneidad y eficacia de los programas de cumplimiento corporativos juegan un rol importante a la hora de que la parte acusatoria considere los cargos y penas que presentarán. Incluso si el programa no logra prevenir en su totalidad que se cometa un delito, sí puede ayudar a reducir las responsabilidades legales si logró responder adecuadamente a la situación.
Tomando en cuenta lo anterior, hay algunas acciones que toda empresa debe valorar a la hora de fortalecer sus controles internos y crear sus programas de cumplimiento corporativo:
- Implementar programas de cumplimiento exhaustivos, tanto proactivos como reactivos.
- Establecer políticas eficaces que aseguren una rigurosa debida diligencia con los proveedores y clientes externos, formar a sus empleados y redactar códigos de conducta claros.
- Designar personal específico para supervisar las cuestiones de cumplimiento.
- Informar sobre los resultados de los programas actuales y comunicarlos con claridad a los accionistas, tomadores de decisiones y autoridades, si aplica.
- Establecer canales independientes de notificación o denuncia de irregularidades.
- Responder a las infracciones denunciadas.
- Actualizar y modificar periódicamente los programas actuales.
Si tiene alguna duda sobre el diseño o la revisión de sus actuales programas de cumplimiento, políticas y marcos internos, no dude en consultarnos.
