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La ley anticorrupción que afecta a empresas estadounidenses

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En los años noventa, una petrolera francesa quiso obtener contratos en Irán para explotar yacimientos de petróleo y gas. Para ello, habrían pagado más de USD$ 60 millones a un funcionario iraní a cambio de que este los ayudara a conseguirlos. La compañía ganó alrededor de USD$ 150 millones gracias a esos contratos.

Sin embargo, la empresa no se percató que se encontraba sujeta a la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América (EE.UU.), ya que era considerada una emisora por cotizar en la bolsa de valores de dicho país. Al tener conocimiento de esta situación, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense investigaron a la compañía. 

En 2013, el DOJ anunció que alcanzaron un acuerdo con la empresa mediante el cual la petrolera se obligó a pagar una multa por USD$ 250 millones. Adicionalmente, la SEC los sancionó a pagar otros USD$ 153 millones como compensación por los beneficios ilegales que obtuvieron, más intereses.

La FCPA es una regulación que establece normas contables y sanciona prácticas corruptas en el extranjero cometidas por compañías que guardan vínculos con EE.UU. En la década de los años 70, escándalos de corrupción corporativa en el extranjero motivaron su aprobación, la cual se dio en 1977. Esta normativa fue crucial para desincentivar una práctica de ofrecimiento de sobornos que habían empañado la imagen y la confianza pública de las empresas y el mercado bursátil estadounidense.

Con el tiempo, la FCPA ha cobrado mayor relevancia. La administración del presidente Joe Biden la considera una herramienta crucial para proteger la seguridad nacional. La corrupción es identificada como un factor que deteriora las democracias, alimenta el autoritarismo y compromete la estabilidad de su país. A pesar de que esta es una ley estadounidense, no debe subestimarse el alcance que tiene en la región. Por ello, es importante mantener prácticas anticorrupción estrictas e informarse si sus operaciones estarían sujetas en algún momento determinado a la aplicación de esta normativa.   

 ¿A quiénes aplica la FCPA?

Las disposiciones antisoborno de la FCPA se aplican de manera general a tres categorías de individuos y entidades:

  1. Emisoras[1] y cualquiera actuando en representación de ellas. Se trata de las compañías obligadas a presentar informes periódicos ante la SEC porque participan en el mercado bursátil o extrabursátil estadounidense.
  2. Personas naturales o jurídicas domésticas, y cualquiera actuando en representación de ellas. Los ciudadanos o residentes estadounidenses, así como cualquier organización constituida en EE. UU., están dentro del alcance de la ley.
  3. Ciertos individuos y entidades que violen las disposiciones de la ley mientras estén en territorio estadounidense.

 

Las disposiciones antisoborno prohíben a las personas y entidades que entren en cualquiera de estas categorías, a pagar coimas a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.

La FCPA se aplica a los pagos, ofertas, o promesas realizadas con el propósito de:

  1. Influir en cualquier acto o decisión de un funcionario extranjero.
  2. Inducir a un funcionario extranjero a realizar o dejar de hacer cualquier acto en violación de su deber legal.
  3. Asegurar cualquier ventaja comercial indebida.
  4. Inducir a funcionarios extranjeros de utilizar su poder para influir en cualquier acto o decisión de su gobierno.

 

En complemento, las disposiciones de contabilidad de la FCPA requieren que las sociedades emisoras desarrollen y mantengan libros y registros precisos, y diseñen y mantengan un sistema adecuado de controles contables internos. Además, prohíben a los individuos y empresas la falsificación a sabiendas de sus libros y registros.

¿Con qué sanciones cuenta?

El DOJ y la SEC comparten la autoridad para hacer cumplir la FCPA. La FCPA establece diferentes penalizaciones civiles y penales para compañías e individuos. La siguiente tabla las resume:

Aunque el DOJ es el único que tiene la autoridad para entablar acciones penales, tanto el DOJ como la SEC tienen la autoridad civil para hacer cumplir la FCPA. El DOJ puede presentar acciones civiles en contra de ciudadanos, entidades jurídicas domésticas y extranjeros por violaciones cuando estos estén en los EE. UU. La SEC, en cambio, puede iniciar acciones civiles contra las emisoras.

El propósito de estas medidas es regresar al autor a la misma posición en que se encontraba antes de cometer el delito, procurando que nadie se beneficie de su conducta indebida.

La siguiente gráfica muestra el total de multas impuestas a diferentes empresas durante los últimos cinco años según la página oficial de la SEC. No toma en cuenta sanciones a individuos involucrados:

La gráfica demuestra que las sanciones varían por la cantidad y magnitud de las infracciones, así como se ajustan a las ganancias obtenidas ilícitamente, variando el resultado con cada año.

 

¿Cómo puedo denunciar?

Si usted es un individuo, una compañía estadounidense o filial de estas que opera en Guatemala, y ha sido víctima de un requerimiento irregular, puede presentar una denuncia ante el DOJ o la SEC.

Si desea evaluar una situación con relación a FCPA y posibles riesgos derivados de su aplicación, no dude en contactarnos para dirigirle con un equipo de profesionales idóneo especializado en ello.

 

[1] Emisora: toda empresa que cotice en la bolsa o participe en el mercado extrabursátil estadounidense.

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