Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Los fenómenos climáticos extremos, junto con la rápida deforestación, contaminación de aguas y degradación de suelos, comprometen la calidad de vida y actividades económicas clave del país. Pero estas amenazas no se limitan a una región, son un reto que se enfrenta en todos los continentes.
Para el mundo empresarial, estas problemáticas presentan oportunidades de innovación y crecimiento. A la vez, las empresas deben anticiparse al desarrollo de nuevas regulaciones ambientales y políticas públicas que busquen promover la sostenibilidad e impacten sus operaciones.
Tendencias de política pública ambiental
El Índice de rendimiento ambiental de la Universidad de Yale, que mide el desempeño de 180 países en áreas como la vitalidad de sus ecosistemas, la salud ambiental y el combate al cambio climático, sitúa a Guatemala en el puesto 166. Aspectos como el mal manejo de residuos sólidos y aguas negras, la contaminación del aire y cuerpos hídricos y la deficiente protección de especies vulnerables son los que más impactaron la calificación del país.
Ante esta situación, la administración actual ha incluido en su plan de gobierno una serie de políticas e impulsado iniciativas destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y proteger el medioambiente. A continuación, se detallan algunas de las propuestas más relevantes:
1. Creación del Fondo verde nacional
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) ha impulsado la Ley de fondo verde (Iniciativa 6404). Esta consiste en crear un fondo estatal que ayudará a financiar proyectos municipales como construcción de centros de manejo de desechos sólidos, centros de tratamiento de aguas negras, alcantarillado, entre otras.
La propuesta responde a las dificultades económicas de las municipalidades para llevar a cabo estos proyectos y cumplir con las regulaciones actuales.
2. Reformas a legislación ambiental vigente
La Iniciativa 6370 propone reformas a la Ley de protección y mejoramiento del medioambiente (Decreto 68-86), la cual regula requerimientos como las licencias ambientales y estudios de impacto ambiental.
La propuesta persigue garantizar buenas prácticas ambientales sin obstaculizar el desarrollo económico y social. Para ello, simplifica el sistema actual diferenciando los estudios de impacto ambiental y/o medidas de mitigación según la magnitud de los proyectos.
Por el otro lado, la ministra Patricia Orantes, anunció que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) está trabajando en un nuevo Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, el cual rige el otorgamiento de licencias ambientales a las empresas. Al momento de publicación, el MARN no ha dado más información al respecto.
3. Elaboración de una Ley de aguas
El 9 de agosto de 2024, el gobierno creó el Gabinete Específico del Agua para coordinar esfuerzos hacia una mejor gestión de la crisis hídrica que afronta el país. La ministra Orantes enfatizó que este es un primer paso importante para atender mejor nuestros recursos hídricos.
El 29 de agosto, el presidente Arévalo y la ministra Orantes anunciaron el inicio de un proceso de diálogo con actores económicos y sociales para elaborar una propuesta de Ley de aguas. A partir del 18 de septiembre, iniciarán las reuniones con autoridades indígenas, alcaldes y otros usuarios. Se espera que en 2025 presenten la iniciativa al Congreso.
4. Inversiones en sistemas de protección
El gobierno de Bernardo Arévalo planea invertir aproximadamente US$ 900 millones en proyectos de protección de bosques y áreas protegidas, la restauración de cuencas hidrográficas y fortalecer el programa Probosques. Este último consiste en incentivar la conservación de bosques privados y/o crear plantaciones de bosques productivos sostenibles.
5. Fortalecimiento de comunidades
Apoyar la gestión colectiva de tierras, ríos y bosques de poblaciones locales, como el modelo de gestión comunal de bosques en las comunidades indígenas de Totonicapán. La población de Parcialidad Baquiax tiene guardabosques designados para monitorear el uso de leña y agua para garantizar su uso sostenible en las aldeas.
Además, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) realiza esfuerzos para promover el turismo comunitario. Este plan busca promover el desarrollo económico a más comunidades con actividades sostenibles.
Compromisos internacionales de Guatemala
Además de las propuestas mencionadas, Guatemala ha suscrito convenciones internacionales vinculantes enfocadas en la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático.
En 2015, el Acuerdo de París sentó las bases para realizar esfuerzos más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que la temperatura de la Tierra incremente más de 1.5 grados centígrados en el transcurso del siglo XXI.
Sobre este acuerdo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en 2023, concluyó con planes de acción concretos para el año 2030. Por ejemplo, 31 países donarán alrededor de US$12.8 millardos al Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), el cual proveerá recursos a países en vías de desarrollo para mejorar su resiliencia ambiental y acelerar su transición a economías más verdes.
Los efectos de estos convenios ya se pueden observar en Guatemala. Las nuevas licitaciones de generación eléctrica priorizarán fuentes renovables como el hidrógeno verde. Además, la administración actual tiene una buena relación con la comunidad internacional y una agenda ambiental, por lo que es probable que surjan nuevas iniciativas y políticas públicas en los próximos años.
Recomendaciones
Para anticiparse a estas tendencias globales, hay una serie de acciones que su organización puede tomar para adaptarse y mitigar riesgos a futuro:
- Inversiones sostenibles: priorizar inversiones en tecnologías verdes y prácticas sostenibles que apoyen la protección de los recursos naturales y se alineen con las políticas de restauración ambiental. Utilizar combustibles fósiles para sus operaciones, por ejemplo, puede ser barato en el corto plazo, pero a la larga se arriesga de estar bajo la mira de nuevas políticas gubernamentales.
- Fortalecimiento comunitario: Colaborar con comunidades locales e indígenas puede generar beneficios mutuos, como el desarrollo del ecoturismo y proyectos de reforestación. Además, este paso es importante para gestionar posibles conflictos sobre recursos importantes como el agua y la tierra.
- Cumplimiento normativo y certificaciones: cumplir con la ley es importante no solo para evitar posibles sanciones, sino también para tener acceso a certificaciones ambientales que posicionen a su marca ante un mercado que exige modelos de negocio más verdes.
- Involucramiento activo: Aprovechar oportunidades para participar en la toma de decisiones ambientales y mantener una comunicación constante con las autoridades y comunidades sobre las actividades empresariales que puedan tener un impacto en su entorno.
En este contexto de cambios regulatorios y mayor escrutinio, es crucial que su empresa no solo cumpla con las nuevas normativas, sino que también se convierta en un líder en prácticas sostenibles.
Si tuviese alguna duda o requiere más información, estamos a la orden.
