El 2026 estará marcado por varios procesos de elección que podrían cambiar el rumbo de instituciones encargadas de velar por la justicia y la democracia en Guatemala. En el primer semestre serán elegidos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Fiscal General de la República que dirigirá el Ministerio Público (MP).
A continuación, lo más importante que debe saber sobre estos procesos:
Ministerio Público (MP)
Actualmente, la institución es liderada por Consuelo Porras, elegida fiscal general en 2018 por el presidente Jimmy Morales y reelegida en 2022 por el presidente Alejandro Giamattei. Su gestión ha estado marcada por las sanciones internacionales contra ella y otros actores cercanos y las tensiones con el actual gobierno, que nombrará a la persona que le sustituya.
Desde 1994, el Ministerio Público, entidad autónoma e independiente de los demás poderes del Estado, es el encargado de ejercer la acción penal en el país, o lo que es lo mismo, investigar, recabar pruebas y presentar los casos ante el sistema de justicia. La Fiscalía General es fruto de la reforma Constitucional del año 1993, época en la que se inicia la instauración del sistema penal acusatorio que actualmente rige en el país. Además, tiene carácter constitucional, ya que sus funciones están reguladas en el artículo 251 de la Carta Magna.
El proceso de elección arrancó el 13 de enero cuando el Congreso lanzó la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación, que a la fecha ya fue juramentada. Ahora deberán definir los requisitos éticos, académicos y profesionales de los candidatos y evaluar sus perfiles. Finalmente, entregarán una nómina de seis candidatos al presidente Bernardo Arévalo, quien será el encargado de designar al nuevo Fiscal General antes del 1 de mayo. Este tomará posesión el día 17 de ese mismo mes.
Corte de Constitucionalidad (CC)
El máximo tribunal en materia constitucional del país renovará a sus 10 magistrados en 2026. La CC[1] es fundamental dentro del sistema jurídico del país, porque es una entidad independiente encargada de defender y velar por el orden constitucional, asegurándose que todas las leyes y acciones del Estado y sus funcionarios respeten el texto Constitucional.
Cinco instituciones están encargadas de elegir a un magistrado titular y otro suplente para los próximos cinco años. Los 10 nuevos magistrados deberán tomar posesión de sus cargos para el periodo 2026-2031 el 14 de abril de 2026. Estos son los encargados de elegir a los magistrados:
- Presidente de la República en Consejo de ministros: tradicionalmente, el Presidente designa directamente a sus dos representantes. En esta ocasión, el presidente Arévalo lanzó una convocatoria para que cualquier persona que cumpla los requisitos pueda postularse.
- Pleno del Congreso de la República: el Congreso realizó una convocatoria abierta para recibir postulaciones. Tras un primer filtro de candidatos que realizarán los Jefes de Bloque y la Junta Directiva, el pleno votará para elegir a sus representantes, que deberán recibir al menos 81 votos. Si varios logran ese apoyo, los designados serán los más votados.
- Pleno de la Corte Suprema de Justicia: ante la falta de reglamentación del proceso, el Organismo Judicial podría abrir un proceso para recibir postulaciones o bien llevar a sus propios candidatos en privado para ser elegidos por el pleno por mayoría de votos. Aún no han publicitado cómo se realizará la elección.
- Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): los agremiados del CANG ya votaron para elegir a sus dos representantes en la CC. La elección estuvo marcada por la polémica, ya que una decisión judicial, respaldada por la actual Corte de Constitucionalidad, impidió votar a los profesionales de ciencias afines, como politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas, quienes forman parte del Colegio. Adicionalmente, el día de las votaciones el MP trató de interferir en el proceso llegando a tres de los centros de votación a realizar allanamientos con personas fuertemente armadas. Pese a las intimidaciones, el proceso democrático prevaleció y los magistrados electos son: Astrid Lemus (titular) y Luis Fernando Bermejo (suplente).
- Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac): tras convocar el proceso y recibir expedientes, los representantes de la universidad pública deberán elegir a los candidatos. Es importante destacar que organizaciones nacionales e internacionales han señalado que el CSU no puede elegir a sus candidatos ya que gran parte de sus representantes tienen los cargos vencidos. Esos cambios incluso han sido ordenados por la actual Corte de Constitucionalidad, pero a la fecha no se ha acatado la orden.
Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Este Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral y será el encargado de llevar a cabo las elecciones generales de 2027 y de 2031. Sus autoridades tienen la potestad para resolver disputas sobre inscripciones, sanciones, suspensiones o cancelaciones de candidatos y partidos políticos. Por ello, los nuevos magistrados jugarán un papel relevante en el próximo proceso electoral.
Es importante recordar que el TSE “es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado”[2]. Además, que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es de carácter constitucional. Incluso la doctrina de la CC la ha incluido como parte del Bloque de constitucionalidad.
El Congreso está a cargo de elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032. Estos saldrán de una nómina de 20 candidatos que elaborará una Comisión de Postulación. Los nuevos funcionarios deben tomar posesión de sus cargos el 20 de marzo de 2026.
Otras elecciones
En 2026 también se elegirá al Contralor General de Cuentas, al Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Superintendente de Bancos y al Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Sumado a ello, a nivel internacional, en noviembre Estados Unidos celebrará sus elecciones intermedias, algo que podría tener alguna incidencia en la región.
Ante este panorama, es importante estar pendiente de estos procesos que serán fundamentales para el futuro de la justicia y la democracia en el país.
[1] Conforme al artículo 268 de la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad: “Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional;”
[2] La Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 121 destaca que el TSE “es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado”. Además, dicha norma está contenida en el Decreto 1-85 de la Asamblea General Constituyente, encargada de redactar la actual Constitución, lo que le da carácter constitucional.
Publicado el 16 de febrero de 2026.