Guatemala se encuentra inmersa en el proceso de elección de 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 135 magistrados titulares y 90 suplentes de las cortes de apelaciones (CA) para los próximos cinco años (2024-2029). El trabajo que realizaron las comisiones de postulación para enviar al Congreso las nóminas con los mejores perfiles es un evento fundamental, pues su resultado impactará directamente la democracia, el Estado de Derecho y el clima de negocios en el país.
Las disputas legales son como los problemas de salud: pensamos que estas situaciones nunca nos sucederán, hasta que desafortunadamente ocurren. Y ese día, uno solo puede esperar encontrarse con profesionales íntegros y honorables para que las resoluciones o sentencias que se emitan sean justas y apegadas a derecho.
Y si lo vemos desde un enfoque empresarial, solo la conformación de un poder judicial objetivo, independiente, capaz e íntegro brindará certeza y seguridad jurídica a las inversiones y a la construcción de un mejor país.
El sistema de justicia guatemalteco
Pensemos en un escenario donde su empresa entra en una disputa con otra por un posible incumplimiento contractual. El caso tendría que ser atendido por un juzgado de primera instancia del ramo civil-mercantil[1]. En el supuesto de que una de las partes no quedara satisfecha con la resolución emitida, tendría la posibilidad de recurrir a otras instancias hasta agotar todos recursos regulados en las leyes procesales.
Como en cualquier escalafón profesional, uno esperaría que a medida que el caso escale, la resolución será más objetiva y justa. Por tanto, si llega a una CA o a la CSJ, probablemente se esperará obtener una mejor resolución. Esto es porque se supone que, en esos niveles, la formación y la trayectoria profesional de los magistrados les permitirá tener un mejor criterio gracias a su experiencia y formación.
Esto evidencia lo importante que es contar con buenos perfiles en las cortes. Magistrados idóneos y honorables garantizan que se defiendan los derechos y dotan al sistema de certeza jurídica e imparcialidad. Además, evita que una de las partes obtenga una ventaja indebida en el proceso utilizando métodos poco éticos o abiertamente ilegales.
También es importante mencionar que, en Guatemala, existe la posibilidad de que las empresas que obtienen un laudo (resolución) en un arbitraje pueden presentar un recurso de revisión ante una CA. Por este motivo, la elección de magistrados idóneos es crucial, pues afecta a los conflictos que se manejen con mecanismos alternativos al sistema de justicia.
En estas situaciones, los profesionales equivocados tendrán dificultades para comprender las complejidades de una industria específica y abordar el caso de la mejor manera posible. Por otra parte, los profesionales no honorables serán más manipulables y corruptibles por parte de personas malintencionadas. Adicionalmente, es indispensable que haya una separación clara de los poderes del Estado e independencia judicial para que las decisiones de los jueces no estén sujetas a las de los políticos.
La CSJ: jueces y administradores
A diferencia de las cortes de apelaciones, los magistrados de la CSJ no solo imparten justicia. También se convierten en los principales administradores de todo el Organismo Judicial (OJ). Ellos manejan presupuestos, asuntos logísticos, insumos, procesos, personal e inclusive deciden qué jueces ocupan cada juzgado. Por lo tanto, sus decisiones impactarán directamente a todo el sistema de justicia a nivel nacional.
Los próximos magistrados tendrán en sus manos desafíos importantes. Entre los más notorios se encuentra la mora judicial, es decir, la tardanza en los procesos para llegar a una resolución definitiva. Según el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, que mide y compara los sistemas de justicia de 142 países, en 2023 el sistema de justicia civil de Guatemala era el segundo más lento del mundo.
En el caso de la justicia penal, según cifras del Organismo Judicial (OJ), un caso puede llegar a tardar alrededor de 12 años[2].
Esta situación se explica en parte por la falta de personal del OJ. Guatemala cuenta con seis jueces por cada 100,000 habitantes, una cifra muy por debajo del promedio global de 17, según un estudio publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en 2019.
Otro factor que impacta la mora judicial son los traslados de personal dentro del OJ. Esto retrasa los procesos porque los jueces tienen que ponerse al día con los casos de su nuevo puesto e incluso, en algunos casos, familiarizarse con una rama del derecho que no están acostumbrados a tratar.
Por tanto, los próximos magistrados de la CSJ tendrán a su cargo supervisar la contratación de personal, así como los traslados y promociones para atender estos desafíos.
Finalmente, la CSJ escoge a uno de los cinco magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC). Cabe recordar que la CC tiene la última palabra en los casos que se presenten ante ellos y juega un rol importante en la política nacional.
El origen de las comisiones de postulación
Tras el fallido intento de golpe de Estado de Jorge Serrano Elías en 1993, el Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo 18-93 que eran una serie de reformas a la Constitución guatemalteca. Estas fueron ratificadas por la población a través de una consulta popular celebrada en enero de 1994.
Dentro de este paquete de reformas se encontraba un nuevo proceso de elección de cargos públicos conocido como comisiones de postulación. Estas comisiones se encargan de filtrar y elaborar una lista de aspirantes, para que luego el Congreso seleccione y juramente a los elegidos por medio de votación[3].
Así se lleva a cabo el proceso:
Cualquier duda o consulta, estamos a las órdenes.
[1] Los juzgados de paz atienden casos donde el monto en disputa sea menor a Q80,000.00 (US$10,349), según el Acuerdo 46-2024 del OJ. Usualmente, las empresas que recurren al sistema de justicia lo hacen por montos mayores que ameriten la inversión de recursos.
[2] Esto incluye los años que toma el proceso de investigación del Ministerio Público (MP). Para realizar el cálculo, utilizamos casos ingresados al OJ y casos resueltos (la suma de sentencias y vías alternas de terminación) entre 2014 y 2023.
[3] Para ello, se reformaron los artículos 215 y 217 de la Constitución guatemalteca.