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La rentabilidad a largo plazo de toda empresa y su reputación están cada vez más ligadas a la implementación de medidas sostenibles, como la conservación del medio ambiente y el combate al cambio climático. Las políticas sostenibles son una inversión que no necesariamente tiene que ser costosa. Algunas consisten en optimizar el uso de recursos como el agua, el papel y la energía; o reducir los gastos asociados al empaquetamiento y envío de productos.

Las empresas pueden optar a certificaciones ambientales que permiten construir una buena reputación tanto con clientes como con accionistas, colaboradores, proveedores, socios comerciales y cualquier otro stakeholder de la organización. Al mismo tiempo, han surgido una serie de nuevas regulaciones, acuerdos internacionales, industrias y patrones de consumo. Y Guatemala no se queda atrás en estas tendencias.

Actualmente existen una serie de oportunidades de inversión en proyectos verdes en el país, y se anticipa que a partir del 2024 estas aumentarán, puesto que en enero tomará posesión el Presidente electo por el partido Movimiento Semilla que tiene una fuerte orientación ecológica.

En su página web, el partido Semilla propone una política ambiental basada en los siguientes principios: «cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente, y “quien contamina paga y rehabilita”».

En su plan de gobierno indican que invertirán Q7 millardos (USD$895 millones) en distintos programas ambientales. Estos incluyen la generación de energías renovables, la atracción de capital local e internacional para invertir en bonos de carbono, una iniciativa para la restauración y conservación de bosques privados a través del programa Probosque, entre otras.

Además, aspiran a formalizar los procesos de consulta comunitaria para proyectos energéticos y extractivos. Las consultas representan costos a corto plazo, pero pueden mitigar –o hacer más manejables– los gastos asociados a la conflictividad a largo plazo y dar paso a la operación del negocio. Esto es particularmente relevante para la agroindustria, futuros proyectos energéticos y la reactivación de la minería.

Así como la sostenibilidad representa fuentes de oportunidad, también tiene sus riesgos y costos. Anticipamos que el próximo gobierno buscará fortalecer al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y esto se traducirá en un mayor esfuerzo estatal para hacer cumplir el marco regulatorio vigente.

En el pasado, el MARN ha tenido ciertos retos en implementar nuevas políticas, por ejemplo, en 2021 aprobó un reglamento para la clasificación de basura que originalmente entraba en vigencia en agosto de 2023. Sin embargo, no logró implementar la infraestructura para llevarlo a cabo ni lanzó la campaña informativa con suficiente tiempo, y se vio obligado a postergar su aplicación hasta febrero de 2025.

Este es un buen momento para identificar otro tipo de riesgos. Para comenzar, es necesario evaluar si su empresa está cumpliendo con el marco regulatorio vigente. Actualmente, hay una serie de regulaciones y obligaciones que sí pueden representar costos y sanciones para su negocio si no se cumplen. Por ejemplo: