Según el informe del impacto de la pandemia de COVID-19 en casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la pandemia agudizó aún más la mora judicial en esa área. A la fecha, hay audiencias que se llevarán a cabo hasta el 2024, según publicaciones de prensa.

Las causas fundamentales del retraso en los procesos penales incluyen: falta de jueces, la deficiente organización, escasez de recursos materiales, la actuación de las partes y sus representantes, la falta de preparación de los y las jueces y el escaso rendimiento.

Lo anterior, provoca que la sociedad tenga desconfianza en el sistema de justicia, se pierde la credibilidad y se genera impunidad, ya que quedan muchos procesos sin resolver.

Se deben implementar políticas judiciales que reduzcan la mora judicial, que contemplen la cantidad de juzgados en lugares con mayor congestión y hay que contratar más personal donde se tiene mayor carga de trabajo. Además, debe haber políticas e inversión en la profesionalización del personal, la implementación de recursos tecnológicos que agilicen el trabajo y se debe llevar a cabo una simplificación de los procedimientos.

Por último, se deben aprovechar las medidas desjudicializadoras, potenciar la oralidad y la inmediación y creación de mecanismos gratuitos de mediación y resolución. Todas estas medidas ayudarán al fortalecimiento del Estado de derecho.