En junio de 2025, la Fiscalía de los Estados Unidos anunció la mayor incautación de fondos relacionados con estafas en criptomonedas. Al investigar, descubrieron que los activos virtuales, que sumaban más de US$225.3 millones, formaban parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en blockchain que se utilizaba para ocultar la naturaleza, el origen y la propiedad de los ingresos derivados del fraude de inversión en criptomonedas.[1]
Esto es solo un ejemplo de cómo los delincuentes han adoptado el uso de tecnologías para mejorar el anonimato y ocultar el movimiento o el origen de fondos bajo un argumento de privacidad. Según el Informe de Delitos en Internet de 2024 del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el fraude en inversiones en criptomonedas causó más de US$5.8 mil millones en pérdidas solo en 2024.
La realidad, más allá de hechos delictivos puntuales, es que el uso de activos digitales en el ámbito de la tecnología financiera ha tenido un crecimiento exponencial, y que la negociación de activos digitales, que implica compra, venta o intercambio se incrementa día con día. Esto ha llevado a que tanto los países, como organizaciones internacionales empiecen a tomar medidas que buscan regular el uso de las criptomonedas y los activos digitales.
De lo global a lo local
A nivel global, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), encargado de publicar y actualizar los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se ha pronunciado en relación con las nuevas tecnologías.
Lo primero que han establecido es que para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) estén regulados, tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo.
Específicamente sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, la organización regional de GAFI para Latinoamérica (GAFILAT), publicó en agosto de 2023 una guía que reconoce que el uso de estos en la economía representa un desafío para la prevención y el combate al lavado de dinero u otros activos.
Dentro de esa guía para su regulación aparece la iniciativa de establecer definiciones relevantes de conceptos donde aún hay una falta de consenso, procesos de evaluación de riesgo, enfoques de regulación, principios regulatorios, obtención de licencias o registros, medidas preventivas, supervisión y mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Y este contexto internacional parece que ha tenido efectos en Guatemala. En mayo de 2025, se presentó una iniciativa de ley que tiene como objetivo regular el uso de criptomonedas y activos digitales. Aunque todavía se encuentra en una fase temprana, actores importantes del panorama financiero nacional como el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, advirtieron la necesidad de regular dichos activos para proteger a la población.
Además, en agosto de este mismo año, el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que busca modernizar la legislación para cerrar brechas, adecuar tipos penales de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo e incluir a nuevas personas obligadas. De acuerdo con el presidente Bernardo Arévalo, de no concretarse las reformas, Guatemala podría entrar en la lista gris de GAFI en 2027. Esta aglutina a los países que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
A nivel real, ser incluidos en esas listas tiene implicaciones económicas que impactarían negativamente las transacciones financieras o la inversión extranjera directa (IED).
Tomar acción
Si exploramos los datos recientes de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)[2], en Guatemala el 65% de la población tiene acceso a internet y en una población estimada de 18 millones de habitantes, existen 20.7 millones de líneas telefónicas móviles. Además, el 64% de la población adulta tiene una cuenta bancaria activa.
Esto ha impulsado un incremento constante en el uso de servicios financieros móviles y soluciones financieras digitales. En consecuencia, las operaciones bancarias a través de transferencias electrónicas han crecido considerablemente.
Este panorama crea oportunidades para realizar transacciones a través de servicios tecnológicos, y naturalmente, para adoptar el uso de activos virtuales. Se reconoce que la inclusión financiera es un elemento clave para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país, y trae consigo educación financiera, herramientas de comunicación e impulso hacia la digitalización.
Pero esta tendencia también pone de manifiesto la necesidad de un mayor control. Por tanto, las recomendaciones para administrar riesgos tradicionales ahora también deben tomar en cuenta e incorporar lo relativo al uso de activos digitales.
Hemos identificado un interés general en la prevención, tanto en aquellas actividades comerciales llevadas a cabo por personas obligadas, como en otras que no son así consideradas, pero que muestran una tendencia proactiva de implementar, actualizar y fortalecer controles internos adecuados. A continuación, enumeramos algunas recomendaciones al tratar con activos virtuales o con Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
- Verificar la existencia de un marco normativo del PSAV y/o los activos virtuales en su lugar de origen.
- Verificar el cumplimiento del PSAV en cuanto a sus requisitos de licencias y registros en su jurisdicción.
- Llevar a cabo un proceso de debida diligencia del PSAV (Conoce a tu cliente -KYC- y Conoce a tu proveedor -KYP-).
- Evaluar la situación del mercado donde opera el PSAV, con el objeto de identificar riesgos inherentes de las jurisdicciones correspondientes.
- Actualizar los expedientes de proveedores y clientes relacionados.
- Establecer políticas internas y procedimientos para el reporte de transacciones inusuales.
- Implementar procesos de capacitación permanente al personal relevante, que incluyan una actualización sobre las tipologías relacionadas y su evolución.
El uso de activos digitales ha traído consigo enormes ventajas para la economía, pero a la vez, como todo fenómeno disruptivo, representa riesgos y desafíos permanentes y dinámicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es momento de construir un entorno moderno, dinámico, eficiente, y de beneficio para toda la población, pero sin descuidar la seguridad.
Si tiene cualquier duda o consulta sobre el tema, no dude en contactarnos.
Emanuel Callejas
Socio
Jennifer Bravo
Asociada
Carlos López
Auditor forense
Publicado el 18 de agosto de 2025.