Con la globalización de los negocios, las innovaciones tecnológicas que facilitan el movimiento de capitales y la sofisticación de las prácticas que utilizan los criminales para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas, la lucha contra el lavado de dinero se ha vuelto cada día más complicada. Y en el caso de Guatemala, una cultura basada en el cumplimiento formal y una legislación que tiene más de 24 años y ha sido señalada por sus debilidades, parece no ser suficiente para enfrentar ese panorama tan complejo.
A inicios de 2027 se espera que representantes del Grupo de Acción Financiera (Gafi) [1] visiten Guatemala para evaluar los avances del país en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De ese examen dependerá que el país sea incluido, o no, en una “lista gris” que incluye a las naciones que tienen deficiencias en sus medidas para combatir esas amenazas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reciente informe sobre la evaluación del Artículo IV [2], recomendó, entre otras cosas, priorizar la revisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y completar la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera. Además, enfatizó en la necesidad crítica de adoptar nuevas leyes, incluyendo una renovación de la Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El 28 de agosto de 2025, el Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa 6593 “Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala”, la cual espera los dictámenes respectivos de las comisiones de Finanzas y Economía del Congreso de la República para continuar su proceso legislativo.
Aunque el 2027 parezca lejano, la nueva legislación contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo debería estar aprobada antes de que finalice 2025. Así, durante 2026, se podrá demostrar su aplicación efectiva.
Cambio de paradigma
Hasta ahora, gran parte de los esfuerzos en materia de prevención del lavado de dinero en Guatemala se han centrado en el cumplimiento formal: completar formularios, enviar reportes periódicos, y dar cumplimiento a las instrucciones de la unidad de inteligencia financiera de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Sin embargo, la experiencia internacional y las recomendaciones del Gafi han demostrado que el verdadero valor de estas normas se materializa cuando existe una cultura preventiva dentro de las organizaciones.
Uno de los puntos a destacar en la iniciativa es que, el cumplimiento dejaría de ser meramente técnico y reservado a bancos y entidades financieras comúnmente obligadas. Por un lado, se ampliarían los sujetos obligados, por lo que importantes actores hoy no regulados se verían en la necesidad de implementar protocolos internos de identificación, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.
Por otro lado, la iniciativa plantea un cambio de paradigma que busca alinear al país con los estándares internacionales más exigentes y fortalecer la reputación de su sistema financiero y empresarial. Esto tendría como consecuencia un cambio cultural donde las empresas, profesionales y organizaciones ya no deberían concebir el cumplimiento como una carga administrativa, sino como una herramienta estratégica de protección reputacional y legal.
En resumen, el cumplimiento no debería ser un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la integridad de los negocios y procurar la transparencia del sistema económico. En un mundo donde las operaciones financieras y comerciales son cada vez más globales, la reputación de una empresa o de un país puede ser un factor positivo o negativo determinante.
La importancia de un sistema económico sólido
Actualizar tipos penales, incluir nuevos sujetos obligados y realizar reformas legales es fundamental para alinearse a las 40 recomendaciones del Gafi. Esto permitirá evitar sanciones, restricciones en el sistema bancario internacional o la inclusión de Guatemala en listas de países no cooperantes.
Pero más allá de eso, adoptar una legislación de esta magnitud debe verse como una responsabilidad y compromiso, así como una oportunidad para mejorar la confianza de inversionistas y socios comerciales. Abrazar una nueva cultura de cumplimiento basada en la prevención, la transparencia y la ética empresarial ayudará a toda organización a evitar en gran medida investigaciones penales, sanciones administrativas y daños irreparables a la credibilidad.
[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/09/05/pr-25289-guatemala-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation
https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/10/Tercer-informe-de-seguimiento-intensificado-de-Guatemala.pdf
[2] https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/09/05/pr-25289-guatemala-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation
Publicado el 10 de octubre de 2025