El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo celebró su primer año y en estos 12 meses ha presentado planes, pero ha habido poca acción. Los funcionarios en el ejecutivo pasaron buena parte del primer semestre auditando al gobierno anterior y conformando a sus equipos. Para mientras, la bancada en el Congreso llegó con más fuerza, pero en menos de un mes, una orden judicial irregular canceló al partido y han tenido problemas para maniobrar. 

Sumado a esto, el año ha estado marcado por la tensa relación entre el Gobierno y el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha encabezado los esfuerzos por cancelar al partido, anular los resultados electorales de 2023 y criminalizar a funcionarios de la administración actual. Y uno de los reclamos que el electorado le recrimina a Arévalo es no haber cumplido su promesa de campaña de destituir a la fiscal Porras.  

Según el propio Arévalo, durante este primer año debió enfrentarse a grupos corruptos en diversos sectores. A este reto se le suman las crecientes emergencias climáticas en forma de sequías, inundaciones o incendios, las cuales amenazan la seguridad alimentaria, la infraestructura, la salud, el comercio e inclusive el turismo, por nombrar algunas.

Ante ese panorama general, el país entra en 2025 con mucho por hacer en todos los frentes. Sin embargo, la aprobación del Gobierno en las encuestas va a la baja.

A continuación, repasamos los principales hitos de 2024 en Guatemala y los retos que están por venir.

Economía estable 

Guatemala se caracteriza por su estabilidad macroeconómica. El Producto interno bruto (PIB) cerró 2024 con un crecimiento ligeramente arriba de lo esperado, alcanzando un 3.7%; la inflación, con 1.7%, cerró con la cifra más baja en los últimos 14 años (aunque el cambio de año base del Índice de Precios al Consumo (IPC) ha generado dudas y críticas); y el tipo de cambio con el dólar sigue sin grandes variaciones.  En la parte externa, las remesas siguen con cifras récord y alcanzaron los US$ 21 mil 510 millones.

Las expectativas del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, son todavía más positivas para 2025. En su opinión, este nuevo año traerá una economía pujante gracias a la aprobación de un presupuesto un 26.9% más alto, el cual permitirá mayor inversión en áreas críticas. 

Aunque esto también ha generado dudas entre diferentes sectores, que creen que los Q148 mil 516 millones aprobados para el presupuesto, además de carecer de algunas medidas de transparencia, podrían poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país.  

En las próximas semanas conoceremos la calificación de Fitch Ratings, que visitó el país para evaluarlo entre el 13 y el 15 de enero de 2025. Si nos guiamos por las últimas calificaciones, podemos esperar que la estabilidad continuará. Moody’s y Fitch han mantenido sin cambios sus pronósticos sobre Guatemala en 2024. La única que varió su posición fue Standard & Poor’s, que mejoró la perspectiva de BB estable a BB positiva en abril de 2024.

Pese a esto, como recordó Moody’s en su último informe, la pobreza, la desigualdad y la baja capacidad del Estado de proveer bienes públicos como infraestructura son los principales desafíos de Guatemala.  ​

Aumento de la presión regulatoria

Una de las áreas de mayor incidencia del Gobierno es el aumento de la presión regulatoria en temas medioambientales, laborales y tributarios. Entre los eventos más destacados en el área ambiental podemos mencionar la moratoria minera de dos años y el cierre de la empresa petrolera Perenco. Sumado a ello se endureció la normativa ambiental, entró en vigor del Reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos la bancada presentó una iniciativa para aprobar una Ley de aguas.

En el plano laboral, los esfuerzos se han enfocado en el aumento de las inspecciones laborales a empresas para asegurar el cumplimiento de la normativa y la apertura para una mayor sindicalización, tanto en sector público como privado.

Por último, está el tema tributario. La actual Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), liderada por Marco Livio Díaz, se ha caracterizado por superar las metas de recaudación de los últimos años y aumentar la presión sobre las empresas que no cumplen con sus obligaciones.

Esto tuvo como consecuencia que se destaparan grandes casos de presunta defraudación tributaria como el denominado B410 o el aumento del control tributario a personas con inmuebles registrados en plataformas como Airbnb.   

Graves problemas de infraestructura 

El país ha sufrido problemas de infraestructura vial por décadas. Este Gobierno tuvo su primera crisis el 13 de junio de 2024 cuando se hundió un tramo de la autopista que une Palín y Escuintla, una de las principales vías comerciales del país. El reto es que la reparación ha demorado demasiado. Según los plazos facilitados por el Ministerio de Comunicaciones, las obras se finalizarán en marzo de 2025.  

Los retos van más allá de las carreteras, ya que los puertos y el propio Aeropuerto Internacional La Aurora sufren problemas estructurales que deben ser atendidos. Todo esto ha pasado factura al ejecutivo y, concretamente, a la cartera de Comunicaciones, la cual ya cambió de ministro tres veces en los primeros 12 meses. 

En la parte positiva, el 12 de noviembre de 2024 fue aprobada por el Congreso la Ley de infraestructura vial prioritaria (Decreto 29-2024), que busca regular la modalidad de contratación de proyectos viales urgentes. Entre sus principios está mejorar la certeza jurídica para todos los inversores. Para ello establece mecanismos para asegurar la ejecución de los proyectos y mejorar el proceso y el cobro en tiempo y forma por parte de las empresas.   

Esta área será una de las más vigiladas este 2025 y se espera que la estabilidad y la ejecución de la cartera de Comunicaciones, que en 2024 fue la más baja, con solo un 70%, mejore, sin recurrir a las prácticas corruptas que históricamente han estado ligadas a la infraestructura en el país.  

Un Congreso activo 

Los diputados del partido oficial se han visto limitados en su capacidad de maniobrar desde que su partido fue cancelado por una orden irregular de juez y ello ha limitado su participación en junta directiva y comisiones de trabajo del Congreso. Eso limita en gran medida su capacidad para influir en la agenda legislativa.

Su mayor logro ha sido obtener los votos necesarios para aprobar temas coyunturales que beneficiaron al Gobierno, como la ampliación del presupuesto 2024, el presupuesto de 2025, la Ley de competencia y las modificaciones a la Ley de delincuencia organizada. Esta última, es a la que se está aferrando la bancada oficial para volver a ser partido político.

También han celebrado como victorias propias la aprobación de leyes como la de Competencia, Infraestructura Vial Prioritaria, la de Vacunación o la de Tarjetas de Crédito; pero la realidad es que fueron propuestas de otros partidos políticos.

Justicia con dudas 

En 2024, el Congreso eligió a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de apelaciones de los próximos cinco años. 

Arévalo pidió a las nuevas Cortes “recuperar la confianza en la justicia, el respeto a los derechos humanos y el combate frontal contra la impunidad. (…) Nunca más cortes que no estén al servicio de la democracia, el estado de derecho y la construcción de un mejor futuro”. Sin embargo, el ejecutivo se quedó fuera de las negociaciones y no incidió en la elección de mejores magistrados. 

Informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Vance Center y de la Relatora de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados han destacado en repetidas ocasiones la falta de independencia judicial, la criminalización a personas que han luchado contra la corrupción y defienden los Derechos Humanos y la cooptación de la justicia a través de grupos que influyen en las elecciones de elección de las máximas autoridades de justicia.

La falta de jueces independientes seguirá siendo uno de los principales retos del país los próximos cinco años.