Un mes después de la primera vuelta electoral, la judicialización de los resultados del proceso electoral han causado una crisis institucional que pone en riesgo al Estado de Derecho y la democracia.
 
Los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta deberán enfrentarse en las urnas el 20 de agosto próximo, no obstante, medidas recientes emprendidas por el Ministerio Público (MP) y ciertos jueces atentan contra la pureza del proceso electoral y el principio constitucional de alternancia del poder.
 
El 12 de julio, 17 días posterior a la elección, el MP inició una persecución penal en contra de uno de los partidos políticos que participarán en la segunda vuelta, argumentando que el partido había sido fundado con firmas falsas. Esto provocó que un juez penal ordenara que se cancelara la personalidad jurídica del partido, algo para lo que él no está facultado y que está prohibido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue allanado por fiscales del MP en busca de la evidencia para sustentar su caso.
 
Las acciones ilegales del MP y ciertos jueces han desencadenado en una serie de repercusiones que no solo amenazan a un partido político, sino que amenazan a la democracia. Esto es al punto que el propio TSE tuvo que solicitar un amparo el día ayer, 21 de julio, en la madrugada, ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en el cual solicitan una protección urgente en contra de las diversas entidades del Ejecutivo que están intentando impedir la segunda vuelta electoral y que atentan contra la democracia.
 
Ante estos ataques, distintos sectores se han pronunciado con preocupación.
 
La Unión Europea condenó el “acoso y hostigamiento” que han sufrido el TSE y el partido Movimiento Semilla. El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su preocupación por los “intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, la intervención reiterada del MP y la persecución a funcionarios electorales.” Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por la situación actual e instó al Estado para garantizar la segunda vuelta electoral y evitar injerencias de otros poderes del estado en el proceso electoral.
 
La coordinadora de cámaras empresariales, CACIF, realizó un llamado para respetar la Constitución y llevar a cabo la segunda vuelta electoral con los candidatos ganadores. Por su lado, el Foro Guatemala, una entidad que aglutina a varias organizaciones de sociedad civil le solicitó al TSE garantizar que se celebrará la segunda vuelta electoral. Muchos otros diplomáticos, empresarios, abogados, antiguos jueces y magistrados, periodistas e integrantes de la sociedad civil han realizado un llamado por proteger las instituciones y la democracia.
 
Ayer, después de que los magistrados del TSE promovieron un amparo ante la CC en el cual solicitaron una protección urgente para garantizar la segunda vuelta electoral, el MP allanó las oficinas del partido Movimiento Semilla.
 
En respuesta a esto, la Misión de Observación Electoral en Guatemala (MOE-GT) condenó las “acciones de intimidación” del MP y el juzgado penal que realizan en contra del TSE y las calificó de ser una “amenaza a la independencia de la autoridad electoral”.
 
El Estado de Derecho esta bajo asedio en Guatemala, y ante las amenazas, el Código de Ética Profesional nos obliga a los abogados a defender el Estado de Derecho y estar en contra de cualquier arbitrariedad que se cometa o se pretenda cometer (Artículo 13).