Nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho nos ha impulsado a librar una ardua y larga batalla de auditoría y control social tendiente a velar porque la Constitución Política de la República de Guatemala sea observada y cumplida fielmente, por lo que hemos participado de forma activa en la supervisión y denuncia de ilegalidades de los procesos de selección y elección de funcionarios públicos, especialmente del sector justicia, tales como Fiscal General, Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Magistrados del Organismo Judicial y sus Auxiliares y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.