El 11 de julio de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución donde otorgó un amparo provisional presentado por Raúl Enrique Ramírez Ceballos que tiene como efecto suspender temporalmente el acuerdo 208‑2024 del Presidente de la República.

Este es parte de la iniciativa “Proveedores transparentes”, impulsada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), que obligaba a los proveedores del Estado a revelar, entre otros, nombres de los accionistas y las personas físicas que poseen o controlan las decisiones de la persona jurídica en forma directa o indirecta. Esto tiene por consecuencia inmediata la reducción en los mecanismos de supervisión de contrataciones públicas.

Los efectos del amparo provisional son:

• Desde el 1 de julio de 2025, las sociedades mercantiles que no habían cumplido ya no están obligadas a presentar información sobre sus accionistas y/o personas físicas que poseen o controlan las decisiones de la persona jurídica en forma directa o indirecta.
• El Registro General de Adquisiciones del Estado restituye el estado de “no actualizado” a los proveedores. De esa cuenta, les permite actualizar su perfil sin necesidad de presentar nombres de accionistas.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, expresó su preocupación por considerar que la suspensión “tiene múltiples efectos negativos”, debilita la trazabilidad en la contratación pública y podría obstaculizar la detección de empresas fachada o conflictos de interés. Esta política es parte de los esfuerzos por implementar los estándares de cumplimiento de “Conoce a tu cliente” (Know your client), dentro del Estado.

El expediente de amparo continuará su trámite en la Corte de Constitucionalidad hasta una resolución definitiva.

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